Fiscalía presenta diversos medios de prueba en juicio oral contra acusado por ataques incendiarios con Molotov

La exhibición de imágenes de video que muestran al acusado distribuyendo y lanzando bombas Molotov, durante las manifestaciones registradas el año pasado en las cercanías de la Gobernación Marítima y en la Rotonda Tucapel, fueron parte de los medios de prueba que la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica presentó este miércoles en la primera jornada del juicio oral contra R.S.M.

La Unidad de Alta Complejidad acusó a R.S.M. en calidad de autor del delito de infracción a la Ley de Control de Armas, que sanciona a quienes fabrican, almacenan, distribuyen y arrojan artefactos incendiarios; y por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Lo anterior, en el marco de una investigación dirigida por esta unidad especializada de la Fiscalía del extremo norte, junto con la Sección O.S.9 de Carabineros.

La indagatoria estableció que el acusado -quien trabajaba como encargado de máquinas surtidoras de combustible en un servicentro de Arica- participó de los incidentes y desórdenes públicos registrados en la noche del 28 de octubre, frente a la Gobernación Marítima. En ese lugar, transportó una caja de cartón con al menos 5 bombas molotov, las que fueron extraídas por encapuchados para arrojarlas. Así, el acusado también lanzó uno de los artefactos en dirección a un furgón de carabineros estacionado, donde se encontraba el conductor del móvil, mientras a que a escasos metros se encontraban otros funcionarios de carabineros.

En tanto, en la noche del 11 de noviembre, y en el contexto de desórdenes públicos registrados en el sector de Rotonda Tucapel, el acusado también arrojó un artefacto incendiario en dirección a personal de Carabineros. R.S.M. fue detenido en su lugar de trabajo, y posteriormente en su domicilio se incautó las vestimentas que utilizaba en las manifestaciones, además de un escudo metálico con manillas y 3 máscaras que usaba para protección contra los gases lacrimógenos. Por tales ilícitos, la Fiscalía de Arica solicita una pena única de 17 años y 6 meses.