Tribunal Oral de Arica condena a 10 años de presidio a profesor de matemáticas e instructor de básquetbol como autor del delito de estupro

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica condenó hoy –lunes 22 de febrero– a J.P.C.J. a la pena de 10 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado y reiterado de estupro. Ilícito perpetrado entre octubre de 2017 y febrero de 2018, en la ciudad.

En fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Mauricio Petit Moreno (presidente), Fabiola Collao Contreras (redactora) y Sara Pizarro Grandón– aplicó, además, a la J.P.C.J. las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

En la causa, el tribunal también condenó a instructor a la penas especiales de interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa, a la sujeción de vigilancia de la autoridad y a la privación de todos los cargos, empleos, oficios y profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad por el término de 10 años, siguientes al cumplimiento de la pena principal.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que entre octubre de 2017 y fines de febrero de 2018, el acusado, profesor de matemáticas y encargado de la academia de basquetbol del colegio Santa Ana de la ciudad de Arica, a la que asistía la víctima, de 14 años de edad a dicha época, comenzó a vincularse a través de mensajes de celular con la menor, generando confianza tanto en ella, como en sus padres para, con la excusa que vivía cerca de ellos, trasladarla tras los entrenamientos, en el vehículo que manejaba, hasta pasajes cercanos a la vivienda de la adolescente o un sector cercano del estadio de la ciudad, lugares donde, aprovechándose de la relación entre profesor y alumna, procedía a besar a la menor, tocar su cuerpo y accederla vía oral en forma reiterada. 

En tanto, en el verano de 2018, el condenado, “aprovechándose de su relación de poder y dependencia que tenía con la víctima, en virtud de un entrenamiento que iban a realizar en el sector de la playa y al irla a buscar”, la llevó contra su voluntad hasta su domicilio, el cual en esa época compartía con su pareja, insistiendo en que la menor subiera al departamento, donde procedió a accederla sexualmente.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.