Tribunal Oral de Arica condena a 16, 11 y 6 años de presidio efectivo a autores del delito de tráfico de drogas

Policial 14 de marzo de 2021 Por Editor
Además, el tribunal condenó a todos los sentenciados al pago proporcional de las costas del proceso.
Foto tráfico de drogas 13.03.2021

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica condenó a Elena Hortensia Grandón Pérez, Julio Armando Alfaro Gamboa, René Flores Vilca y Robert Alexis Reyes Villalobos a 16 años de presidio efectivo, en calidad, de autores del delito consumado de tráfico de estupefacientes. Ilícito sorprendido en julio del año pasado, en la ciudad.

En fallo unánime (causa rol 23-2021), el tribunal –integrado por los magistrados Gonzalo Brignardello Cruz (presidente), Eduardo Rodríguez Muñoz (redactor) y Carlos Rojas Staub– aplicó, además, a Grandón Pérez, Alfaro Gamboa, Flores Vilca y Reyes Villalobos las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas; más el pago de una multa a beneficio fiscal de 40 UTM cada uno.

Asimismo, el tribunal condenó a Richard Alcarraz Rodigo a 11 años de presidio efectivo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y el pago de una multa de 40 UTM, en calidad de autor del delito.

En el caso de Aureliano Pérez Ceballos, Luis Quispe Canaza y Kevind Adams Contreras Villagra deberán purgar 6 años de presidio, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas; más el pago de una multa de 40 unidades tributarias mensuales, como autores del delito.

Finalmente, el tribunal sustituyó las penas de 4 años de presidio impuestas a los condenados en la causa, Arturo Miguel de la Cruz y Adolfo Jiménez Ortega, por la expulsión del territorio nacional, con la prohibición de regresar al país por el término de 10 años, “bajo apercibimiento de revocar la pena de expulsión debiendo cumplirse el saldo de la pena privativa de libertad originalmente impuesta”.

Además, el tribunal condenó a todos los sentenciados al pago proporcional de las costas del proceso.

La resolución dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que a partir de mayo de 2020, intervenciones telefónicas autorizadas permitieron establecer la existencia de una estructura criminal, conformada por el acusado Alcarraz Rodrigo, que era asistido por Contreras Villagra, quien se encargaba de coordinar el ingreso y entrega de la droga para su comercialización. Agrupación que también integraban los acusados Grandón Pérez y Reyes Villalobos, quienes eran apoyados por Alfaro Gamboa para realizar el transporte de la sustancia ilícita y del acusado Flores Vilca, quien lideraba el ingreso de la droga por zonas desérticas y por pasos no habilitados.

En dicho contexto, efectivos de la Brigada Antinarcóticos de la PDI realizó el 21 de julio de 2020, un control de identidad a Reyes Villalobos y Alfaro Gamboa, quienes se trasladaban a bordo de un vehículo con dos sacos de material sintético que contenían 31.950 gramos de sumidades floridas de cannabis sativa.

Luego, efectivos de la PDI intentaron fiscalizar una camioneta, la que intentó darse a la fuga, pero terminó impactando un vehículo policial y volcándose al intentar atravesar la línea férrea que existe en el lugar. El conductor logró huir y la policía detuvo en el lugar a los acusados De la Cruz, Quispe Canaza, Jiménez Ortega, Flores Vilca y Aureliano Pérez. En el vehículo se halló e incautaron tres mochilas con cuatro paquetes que contenían 4.150 gramos de pasta base y 5.900 gramos de clorhidrato de cocaína.

Finalmente, la acusada Grandón Pérez fue detenida en un domicilio ubicado en calle Santa Isabel; en tanto en la vivienda de Contreras Villagra, se incautaron cuatro bolsas contenedoras de 104 gramos de marihuana.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados. Además, se decretó el decomiso las especies utilizadas para transportar la droga incautada y, en especial, las sumas de $200.000 y 200 soles, además de los aparatos celulares y vehículos incautados.

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